Con la presencia de diversas organizaciones, la Legislatura de Río Negro aprobó hoy por mayoría el proyecto de ley de promoción del empleo formal para personas trans en los ámbitos públicos. La iniciativa establece que se deberán contratar como mínimo el uno por ciento.

La presentación incluye a todas aquellas personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 16 años de edad que hayan o no accedido al beneficio de rectificación registral dispuesto por la ley nacional y que reúnan las condiciones para el cargo a ocupar.

Se entiende por persona trans a quien se autopercibe y/o expresa un género distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino, género no binario; en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Jorge Vallaza, Marcelo Mango, Carina Pita, Tania Lastra, Graciela Valdebenito, Facundo López, Alejandro Palmieri y Rodolfo Cufré.

Los legisladores destacaron que la iniciativa apunta a que el colectivo trans deje de estar en una situación vulnerable y tenga el mismo derecho que cualquier persona de acceder al trabajo formal.

En este sentido, el legislador Jorge Vallaza (FpV) se refirió a la discriminación que sufren estos grupos en relación a su orientación sexual y señaló que “el Estado rionegrino con esta ley no hace ni más ni menos que darle su derecho al trabajo, ya que sólo una de cada diez personas trans tienen acceso a un trabajo formal y los demás caen en la precarización laboral”.

Por su parte, Graciela Valdebenito (JSRN) destacó que Río Negro sería la tercer provincia en tener grupo trans y solicitó el acompañamiento a la iniciativa que viene a garantizar el acceso equitativo de las personas trans al mercado laboral, cuando el 94% de esta comunidad no tiene un trabajo formal”.

El porcentaje comprende tanto al personal de planta permanente, temporaria, designación transitoria y toda otra modalidad de contratación de personal de la administración pública Provincial.

Pasado un período de 5 años a partir del ingreso, la persona contratada deja de ser considerada a los fines del cálculo del cupo, habilitando la contratación de un nuevo beneficiario.