ATE destacó que durante la inauguración de la nueva sede de la seccional Alto Valle Este del sindicato en General Roca, la gobernadora Arabela Carreras confirmó su decisión política de regularizar las sumas no remunerativas y no bonificables de los haberes de los 25.000 agentes públicos de la provincia y firmó el entendimiento con la conducción provincial del gremio.

Esta decisión histórica satisface los reclamos que ATE venía llevando adelante desde hace años, fundada en pronunciamientos de Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en las garantías expresadas en la Constitución Nacional, evitando además que se plasme algún tipo de discriminación que se había insinuado al intentar que este beneficio comprendiera solamente a algunos sectores de la administración.

Gran parte de los salarios públicos rionegrinos se vienen pagando con sumas no remunerativas, como las previstas en los decretos 497/10, 1989/05, 397/11, 1108/05, 1571/16 y sus modificatorias, 1059/09, 1888/13, 473/14, 151/15 y el 681/17, entre otros.

De esta manera, también serán alcanzados los agentes comprendidos en la Ley 1904 de Carrera Técnico Profesional Hospitalaria y bajo el régimen de la Ley 1844, Estatuto y Escalafón del Personal de la Administración Pública de Río Negro. Este beneficio sólo incluía a las trabajadoras mayores de 50 años y lo trabajadores mayores de 55 años, quienes tienen regularizada su liquidación salarial en virtud de lo dispuesto por la Ley 4640.

“Es un día trascendente para todos los trabajadores del Estado de Río Negro, porque ponemos fin a una injusticia que se volvió práctica por todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, y es la precarización salarial”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

“Destacamos la voluntad de la gobernadora Carreras y el esfuerzo del Estado de Río Negro en incluir, sin discriminación, a todos los trabajadores del Estado de la provincia. Fue una pelea dura y larga que libramos en el terreno judicial y político”, agregó Vicente.  

Las cifras no remunerativas y no bonificables erosionan el poder de compra de los salarios y contribuyen a desfinanciar a la obra social estatal y al sistema público de reparto, a la vez que pauperizan los montos de las jubilaciones.

“Para el sindicato, esta decisión debe ser una vuelta de página en la historia de las relaciones laborales en Río Negro, y un punto de no retorno”, concluyó el gremio.