Tal como lo había adelantado, la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitando la inconstitucionalidad de la nueva Ley de la Función Pública, que es la Reforma de la Ley 3052 y sus anexos (el Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública; el Escalafón Provincial General y la Ley K 4294 de conformación del IPAP).

Consideró que esta reforma, que permitió el ingreso de ATE a estos ámbitos que en la parte gremial eran representados por la UPCN como sindicato mayoritario de los estatales, es ilegal.

Indicó el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi que el Estado provincial, como empleador, no puede intervenir en las controversias de encuadramiento sindical y hacerlo es una práctica desleal.

Aseveró, en este marco, que la nueva Ley de la Función Pública es “inconstitucional y fue sancionada sin respetar las leyes nacionales, violando los poderes cedidos al Congreso de la Nación”.