El operativo, en cumplimiento de la orden judicial, se realizó en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar los predios donde se habían asentado familias mapuches.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hizo ayer un balance del desalojo en Villa Mascardi con los jefes de las cuatro fuerzas federales en una jornada en la que hubo críticas de organismos de DDHH, desde donde cuestionaron a la jueza federal interviniente y exigieron que el Ejecutivo reabra una mesa del diálogo con la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu.

Fernández mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las fuerzas que integran el comando unificado de Villa Mascardi asentado en Bariloche que desplegó 250 efectivos en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar predios donde se habían asentado familias mapuches.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.

Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras este miércoles continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado "montaña arriba", según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.

"El resultado ha sido positivo porque nuestra intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales", remarcó Fernández en diálogo con la TV Pública.

Asimismo, contó que habló con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y que "en líneas generales" ambos estuvieron de acuerdo en el análisis.

"Lo hicimos con silencio y con cuidado", señaló el titular de la cartera de Seguridad.

También, indicó que "el trabajo que la jueza María Silvina Domínguez y la fiscal (María Cándida Echepare) llevaron a la práctica fue muy claro".

Además, Fernández desmintió que se hayan producido disparos o agresiones: "Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos".

En cuanto a las detenciones que se produjeron durante el operativo, sostuvo que todos los detenidos "fueron trasladados, salvo una señora embarazada que fue primero al hospital, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

Y en el caso de los niños y niñas presentes en los predios, agregó el ministro, intervino el área de Minoridad de la provincia y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por la noche, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) criticaron a la jueza Domínguez por informar a los abogados defensores que "van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires", y denunciaron que a los letrados "no les dan más información sobre esa medida", lo cual, advirtieron "no está bien, está mal", advirtieron desde Twitter.

"Más de 36 horas después, siguen detenidas siete mujeres mapuches, una de ellas con 40 semanas de embarazo, y dos niñes de meses. Están alojadas en la sede de la PSA", habían cuestionado previamente desde el Cels.