IV Congreso Nacional Penal
Representantes del Poder Judicial de Río Negro participaron en Salta del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil.
Río Negro participó del Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que reunió a 1.800 especialistas
Representantes del Poder Judicial de Río Negro participaron en Salta del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que reunió a 1.800 especialistas de todo el país, junto con referentes de organismos nacionales e internacionales. El encuentro tuvo como uno de sus principales ejes los desafíos que plantea la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil.
Por Río Negro participaron las juezas del Superior Tribunal de Justicia Liliana Piccinini y Cecilia Criado, la magistrada del Tribunal de Impugnación Rita Custet y la relatora General del Superior Tribunal de Justicia Romina Bruno.
El encuentro se desarrolló pocas semanas después de la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil. Durante las dos jornadas, especialistas analizaron su implementación, la necesidad de contar con procesos penales especializados y los estándares que deben regir las intervenciones con adolescentes en conflicto con la ley penal.
El programa contó con la participación de organismos nacionales e internacionales especializados en niñez, adolescencia y justicia juvenil. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA) abrió las exposiciones académicas con una conferencia sobre los estándares interamericanos en justicia juvenil. UNICEF Argentina abordó los enfoques restaurativos dentro del sistema penal juvenil.
También participó la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que presentó un relevamiento federal sobre justicia juvenil. Entre las exposiciones se incluyó además una conferencia sobre las deudas de la nueva ley penal juvenil y distintos paneles dedicados a la especialidad, la defensa y las garantías previstas por los estándares convencionales.
La agenda incorporó además la perspectiva de organismos especializados de Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó experiencias sobre programas de alternatividad penal para el tratamiento de drogas de acuerdo con estándares internacionales. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) tuvo a su cargo la conferencia de cierre, dedicada a los estándares sobre medidas socioeducativas.
Otros paneles analizaron las problemáticas de salud mental en las adolescencias, el impacto de las nuevas tecnologías, el rol de los Ministerios Públicos, la justicia restaurativa y la necesidad de abordajes interdisciplinarios. También se presentaron experiencias sobre programas destinados a adolescentes, víctimas y comunidades.
En el marco del Congreso se reunieron además 150 equipos multidisciplinarios de distintas provincias para analizar prácticas de intervención y alternativas para fortalecer el trabajo especializado en materia penal juvenil.
La participación de Río Negro se inscribe en un trabajo sostenido sobre la especialidad. La jueza Liliana Piccinini representa al Poder Judicial provincial en la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de niñas, niños y adolescentes de UNICEF y en junio participó del IX Encuentro, que tuvo entre sus ejes las oportunidades y desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil. Rita Custet integra el Foro Penal Juvenil y Romina Bruno, como relatora General del Superior Tribunal de Justicia, está especializada en la temática. Además, en 2018 el Superior Tribunal de Justicia ejerció su facultad de iniciativa legislativa y remitió a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Procedimiento Penal Juvenil.
Río Negro cuenta además con estadísticas específicas sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil. En el primer semestre de 2026, el último antes de la implementación de la reforma nacional, se iniciaron 10 causas que involucraron a 13 adolescentes. En ese mismo período se dictaron medidas o sentencias respecto de 53 adolescentes y, de las 62 medidas adoptadas, 61 fueron no privativas de la libertad y una privativa. Los datos forman parte de los Indicadores Penales Juveniles elaborados por el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.
Luciano Videla Prensa STJ
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